Antecedentes
El 18 de octubre de 1994 agentes de la Policía Civil de Rio de Janeiro invadieron varias casas situadas en la favela Nova Brasilia —que integra el conjunto de favelas conocido como “Complexo do Alemão”— con el pretexto de cumplir una orden de arresto. Durante la operación, los agentes policiales ejecutaron a 13 personas y practicaron actos de tortura y violencia sexual contra tres jóvenes, dos de ellas menores de edad. Los agentes policiales alegaron que las víctimas que resultaron muertas se habían resistido a la detención, consiguiendo así que no se llevara a cabo ninguna investigación sobre los hechos que resultaron en las muertes en aquella incursión policial.
El 8 de mayo de 1995, el Departamento de Represión a Robos y Hurtos contra Establecimientos Financieros, órgano de la Policía Civil, realizó una nueva operación en la favela Nova Brasilia, con el objetivo de arrestar a presuntos involucrados en el tráfico de armas. La policía usó armas de fuego, disparando incluso desde un helicóptero que sobrevolaba la favela, causando pánico en la población local. Según declaraciones de vecinos de la casa en la que encontraron a los jóvenes, a pesar de haberse entregado e implorar para que no los mataran, por lo menos 8 de las 13 víctimas fueron ejecutadas, bien dentro de la casa o cuando se entregaron con las manos en alto.
Las dos intervenciones policiales resultaron en 26 personas ejecutadas y 3 víctimas de tortura y violencia sexual perpetradas por agentes policiales civiles y militares. En ambas masacres los cuerpos fueron retirados del lugar de los hechos, lo que inviabilizó el peritaje adecuado para identificar el contexto en que ocurrieron las muertes. Tampoco se realizó el peritaje de balística en ese momento. A pesar de varias pruebas que indicaron un contexto de ejecución sumaria, la narrativa construida por las autoridades de seguridad, incluso aquellas que estuvieron involucradas en los hechos y que también fueron responsables de las investigaciones, afirmaba que en ambas masacres hubo enfrentamientos entre las víctimas y los agentes policiales, lo cual justificaba la acción violenta por parte de la policía.
En julio de 1996, CEJIL e ISER denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ésta acabó emitiendo en el 2011 recomendaciones para ser cumplidas por el Estado brasileño y al no ser tomadas en cuenta, mandó el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el 2015. Tras la nueva presentación de declaraciones y documentos por parte de los representantes de las víctimas y posterior petición de defensa del Estado brasileño, la Corte determinó la realización de la Audiencia Pública del caso, el 12 y 13 de octubre durante el 56º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Quito, Ecuador.
Lamentablemente, el caso de Nova Brasilia no es un incidente aislado, sino un reflejo de la realidad recurrente de violencia policial. Así, en la década de 1990 —desde enero de 1993 a julio de 1996—, fueron contadas 1.194 personas afectadas, entre muertas y heridas por armas de fuego, por la acción policial en el Estado de Rio de Janeiro. Entre 2003 y 2014, 10.634 fueron los homicidios resultantes de acción policial en el Estado.